martes, 31 de mayo de 2016
Mayo-2016 Pablo Dávalos En el capitalismo, el discurso económico tiende a transferir a los objetos propiedades que pertenecen a...
lunes, 23 de mayo de 2016
En definitiva, frente a la crítica situación socioeconómica que vive el país, agravada por los desastres naturales, el régimen correi...
La semana pasada, mientras el Gobierno se encontraba aprobando su nuevo paquete de impuestos eufemísticamente llamado “Ley de Solidaridad...
viernes, 20 de mayo de 2016
Carta enviada a la Asamblea Nacional en la que solicitamos rechazar el incremento del IVA Pablo José Iturralde CDES Se req...
El ejecutivo envío la propuesta “Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Jurídica por las Afectaciones del Terremoto” que propone tres capítulos con tres medidas fiscales progresivas y una transitoria regresiva que establece el incremento del IVA del 12 al 14%, siendo este un impuesto indirecto. En esta carta queremos argumentar por qué no debe ser aprobada por la Asamblea Nacional la transitoria.
La Constitución de la República en su artículo 300, enuncia que el régimen tributario “se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria”. Además, la propia norma establece que “priorizarán los impuestos directos y progresivos.” (Subrayado nuestro).
La doctrina económica reconoce que el IVA es un impuesto indirecto; es decir, un tributo que se impone sobre los bienes y servicios de consumo sin distinguir el nivel de ingresos o riqueza del consumidor. Además, diferentes estudios sostienen que el IVA es también regresivo porque consigue que las personas con menores ingresos tributen más en relación a sus ingresos, tal como lo explica la CEPAL: “El análisis de equidad vertical del IVA muestra que, si se usa el ingreso como medida de bienestar, el impuesto es regresivo en los tres países (Ecuador, Paraguay y Guatemala)”[1]. Asimismo, lo reconocen estudios prestigiosos como los de Thomas Piketty[2]. Incluso organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo BID, que apoyaron las recomendaciones de incrementar el IVA durante los noventa -con las cartas de intención neoliberal-, hoy reconocen la naturaleza regresiva del IVA[3].
El IVA es regresivo porque las familias de menor ingreso, deben destinar una parte mayor de sus ingresos a la adquisición de bienes y servicios de consumo, mientras que las familias con mayores ingresos pueden ahorrar y acumular riqueza, destinando una parte menor de sus ingresos al consumo y, por ende, al pago del IVA.
El Ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, al intentar demostrar la neutralidad del incremento, trajo el siguiente ejemplo: “una persona que se compra una ropa que cuesta U.S. 110, hoy esa persona paga UD$ 110 por la ropa, USD$ 13.20 por IVA, con los dos puntos de sobretasa, estaría contribuyendo USD$ 2.20adicionales, USD$ 15.40”[4] para probar que el incremento de dos puntos del IVA, le haría pagar solamente 2.20 adicionales por esa “ropa”. Pero ese ejemplo no muestra la regresividad del impuesto.
Para ilustrar la regresividad del IVA, pongamos el mismo ejemplo en otros términos: comparemos una familia, con ingresos mensuales de USD$ 4.000, que gasta USD$ 110 al mes en vestimenta; mientras que otra familia con el salario básico, equivalente a USD$ 366, gasta en vestimenta los mismos U.S. 110; en el ejemplo, ambas familias pagarían U.S. 15.40 por el 14% del IVA; pero mientras la primera familia destinó el 3% de sus ingresos en vestimenta, en cambio la segunda familia destinó el 30% al mismo objetivo. Asimismo, la familia más pobre pagó, en relación a sus ingresos, 10 veces más IVA que la familia más rica, en relación a sus ingresos.
En conclusión, el incremento del IVA contraviene la naturaleza de los principios que inspiraron la Constitución de Montecristi, porque:
El IVA es un impuesto indirecto, en tanto no se lo cobra directamente a quien paga por él (consumidores), sino a quien lo percibe (el vendedor del bien o proveedor de servicios gravados) al momento de realizar la transacción comercial. El IVA es además un impuesto regresivo, debido a que exige un mayor esfuerzo contributivo a quienes tienen una menor capacidad tributaria. Se paga una alícuota igual sin considerar su ingreso, o el decil económico al que pertenezca, siendo los pobres los que destinan una mayor parte de sus ingresos al pago de este impuesto. Es deber de la Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones constitucionales, argumentar en el trámite de aprobación o modificación de este proyecto, que el incremento de la tarifa de IVA de 12 al 14% es incompatible con las normas constitucionales y principios tributarios.
Por estas motivaciones, señores asambleístas, solicitamos no aprobar la disposición transitoria que incrementa el Impuesto al Valor Agregado en dos puntos porcentuales.
Está en sus manos no aumentar la carga tributaria a los sectores de la población más vulnerables, ya golpeados por el sismo económico internacional para el cual el país no estaba preparado.
Pablo José Iturralde
Director
Centro de Derechos Económicos y Sociales
[1] CEPAL, “Evaluando la equidad vertical y horizontal en el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta: el impacto de reformas tributarias potenciales. Los casos del Ecuador, Guatemala y el Paraguay”
Fuente: http://cdes.org.ec/web/3399-2/
La salida de Dilma y la posesión de Temer en la Presidencia de la República abren un nueva coyuntura en la situación política del país...
La salida de Dilma y la posesión de Temer en la Presidencia de la República abren un nueva coyuntura en la situación política del país. La crisis política del gobierno y del régimen, abierta por la jornadas de junio de 2013, se agravó con la recesión económica, el desempleo y la inflación, y tiende a intensificarse frente a un nuevo gobierno que asume sin ningún respaldo popular.
jueves, 19 de mayo de 2016
Modelos económicos y polarizaciones políticas René Báez ALAI: 16/05/2016 Acontecimientos recientes en el ...
Modelos económicos y polarizaciones políticas
El modelo intervencionista/desarrollista
A partir de los años 30 del referido siglo XX se pudo detectar un notable fenómeno en Latinoamérica relativo a que, inicialmente en los países más evolucionados del área (Argentina, Brasil, México y Chile), y con posterioridad a la II Guerra Mundial en el caso de países como el Ecuador, comenzó a emerger una nueva forma de administración de la economía.
Se alude a la progresiva implantación de una estrategia desarrollista/intervencionista, en reemplazo del modelo liberal clásico basado en el Estado lesseferiano y en la producción y exportación de bienes primarios; es decir, en un pretendido reemplazo del esquema agroexportador y extractivista de raigambre colonial.
El Estado intervencionista/desarrollista se sustentó teóricamente en la premisa del deterioro secular de los términos de intercambio para los países latinoamericanos y en el postulado del capitalismo nacional autónomo, enfoques que fueran desglosados por Raúl Prebisch y una notable generación de economistas agrupados en la CEPAL y otras entidades similares.
El modelo intervencionista/desarrollista encontró su soporte material en el incremento de la demanda internacional y en la bonanza de los precios de las exportaciones primarias latinoamericanas en el marco del segundo conflicto mundial y la Guerra de Corea (1950-1953). Surgió con dos componentes sustantivos. El primero, el impulso al desarrollo del capitalismo en la región mediante la industrialización sustitutiva, las nacionalizaciones de las riquezas básicas y la creación de empresas estatales para la producción de bienes y servicios (petróleo, cobre, hierro, cemento, electricidad, comunicaciones). La planificación indicativa, obligatoria para el sector público y referencial para los inversionistas privados, fue otra de las importantes contribuciones del pensamiento cepalino.
La estrategia intervencionista, en tanto fórmula de capitalismo de Estado, tenía como propósito cardinal vigorizar la producción y el empleo con acciones enmarcadas en proyectos nacionales de largo plazo.
El segundo componente de la estrategia de marras fue la instrumentación de políticas encaminadas a suavizar las profundas brechas sociales derivadas de la implantación del capitalismo en el continente en medio de complejas y heterogéneas matrices productivas. Esta orientación se tradujo en el incremento de las remuneraciones a la clase obrera, la implantación y/o robustecimiento de sistemas de seguridad social y los incrementos de las asignaciones presupuestarias para la educación, la salud, la salubridad, la vivienda, la construcción de infraestructura económica y social; es decir, se trató de una propuesta de impulso de un Estado social que, paralelamente, debía permitir consolidar el mercado interno y asegurar la reproducción ampliada de economías nacionales cada vez más autodeterminadas. Promesas y/o realidades atractivas para amplios sectores medios y populares de nuestras naciones.
A fines de los 60, el modelo desarrollista-intervencionista mostrará síntomas de agotamiento debido a factores como la caída de la demanda externa y de los precios de los bienes primarios, con los subsecuentes desequilibrios comerciales, la sobrecarga fiscal y los déficit presupuestarios, el elevado costo de industrializaciones frecuentemente indiscriminadas y postizas, así como la frustración general de reformas agrarias concebidas para dejar intactos los latifundios de cuño señorial. Amén del fracaso de experimentos de integración de fundamentación crematística, como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y el Mercado Común Centroamericano (MCCA).
Neoliberalismo y reestructuración subordinada
La extenuación del modelo desarrollista en América Latina derivó en intensas disputas políticas -incluso en la aparición de guerrillas urbanas y rurales- entre fines de los 60 y comienzos de los 70, confrontaciones que dividieron a nuestras sociedades en dos polos antagónicos.
Al polo de izquierda adhirieron los partidarios de la radicalización del modelo desarrollista-intervencionista, lo cual derivó en el surgimiento de movimientos e incluso gobiernos nacionalistas, populares y antiimperialistas como el Frente Amplio en Uruguay, el segundo peronismo en Argentina, Velasco Alvarado en Perú y Juan José Torres en Bolivia. Más aún, y por vía electoral, accedió a la presidencia de Chile Salvador Allende con su propuesta de transición pacífica al socialismo (con “empanada y vino tinto”, al decir de los entusiastas militantes y simpatizantes de la Unidad Popular).
Al polo derechista confluyeron sectores oligárquicos y filoimperialistas, refractarios a las conquistas sindicales y sociales, propugnadores del Estado promonopólico, la regresión radical al modelo primario extractivista y la apertura incondicional al capital externo (los neoliberales, conforme se los identificará en tiempos ulteriores).
La victoria manu militari de estos grupos y la subsecuente instauración de dictaduras fascistas en el Cono Sur a comienzos de los 70, lograda con el desembozado respaldo de Washington (recordar el Plan Cóndor), así como el shock internacional de la deuda de 1982, sustentaron una larga hegemonía regional del neoliberalismo/monetarismo –el denominado darwinismo económico- con su panoplia de programas de ajuste recesivo y reformas estructurales/liberales prescritos por entidades como el FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF que afianzaron la dictadura del capital financiero metropolitano y nativo en detrimento del capital productivo.
Friedrich Hayek, Milton Friedman y sus epígonos criollos, los represores conosureños como Banzer, Pinochet y Videla, los viejos partidos oligárquicos, la Gran Prensa, los oportunistas sectores medios y el lumpenproletariado, cada cual con sus propias armas, implantaron en estas latitudes ese modelo económico tan caro al capital monopolista internacional y nativo.
A partir de los 90, la estrategia neoliberal buscará perpetuarse bajo el esquema político de una democracia formal y ritualista, opuesta a la democracia profunda (al “mandar obedeciendo” de la vieja sabiduría los pueblos originarios.)
Acción y reacción
Los devastadores efectos de ese “capitalismo salvaje” en Latinoamérica terminaron por desatar heteróclitas contestaciones.
A la larga resistencia de la Cuba revolucionaria a las agresiones de toda índole provenientes especialmente de Washington, se añadieron acontecimientos como el “caracazo” de 1989, insurgencia del pobretariado venezolano que selló la suerte de la corrupta administración de Carlos Andrés Pérez; la rebelión de las comunidades indígenas en el Ecuador comandada por la CONAIE que, en el verano de 1990, enfiló contra el régimen “socialdemócrata” de Rodrigo Borja para reivindicar el dominio de sus territorios ancestrales; el emblemático “¡Ya basta!” zapatista del 1 de enero de 1994 con que los invisibles descendientes de los mayas exteriorizaron su repudio al colonialista TLC México-Estados Unidos y universalizaron las impugnaciones a la globalización corporativa; las luchas por el territorio y la defensa del ambiente de los Sin Tierra en el Brasil; las espontáneas contestaciones de los piqueteros argentinos; la “guerra del agua” en Cochabamba; las nuevas y heroicas acciones de los mapuches y la Rebelión de los Pingüinos contra la “educación de mercado” en Chile; la “Comuna de Oaxaca”; las sangrientas confrontaciones de los campesinos contra la reforma agraria “al revés” que empujaba/empuja la oligarquía liberal-conservadora colombiana con mediación del Ejército y sus bandas paramilitares, y, en fin, la cruzada continental contra el ALCA que culminó con su archivo al menos temporal el año 2005.
De su lado, las luchas parlamentarias en contra del fundamentalismo liberal y sus corolarios de la reestructuración subalterna se tradujeron en una cadena de triunfos electorales, iniciada con la victoria de Hugo Chávez en las presidenciales venezolanas de 1998.